informe interpretativo del 16pf

el sistema de control de constitucionalidad

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CILIA LÓPEZ, José Francisco, Los derechos humanos y su recepción en el control de constitucionalidad y de convencionalidad, México, Miguel Ángel Porrúa, 2015, p. . 376 Se lee en 2 minutos. Según la doctrina del Derecho Constitucional, el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad, tiene a su vez dos variantes que se describen como modelos: el modelo americano o difuso, y el modelo europeo o concentrado. El procedimiento de control de constitucionalidad se inicia mediante el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, es decir, a través de un procedimiento de impugnación directa, sin necesidad de esperar a que se presente la ocasión de un proceso judicial concreto en el que tenga que aplicarse la Ley impugnada de inconstitucional. El modelo Peruano. La labor del Tribunal Constitucional al controlar la constitucionalidad de las leyes es muy importante. Ese es el motivo de la preocupación de la CSJ. CADUCIDAD DE LA ACCION POR VICIOS DE FORMA-Operancia. Principios Procesales de la Jurisdicción Constitucional en Bolivia.-. V.1. A lo indicado debe agregarse que la misma Constitución consagra como atribución 8ª del Tribunal Constitucional, el absolver las consultas del Presidente de la República, el Presidente del Honorable Congreso Nacional y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, o de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso concreto. Conforme señala la doctrina del Derecho Constitucional, expuesta por RIVERA SANTIVAÑEZ, la pirámide jurídica como expresión del principio de jerarquía normativa convencionalmente tiene la siguiente estructura[1]. De ahí que, cuando se trata de disposiciones cuyo contenido no sea propiamente de naturaleza constitucional, pero que por su particular importancia el constituyente ha considerado oportuno elevar a esa categoría, introduciéndolas en el texto de una Constitución, éstas, al igual que las demás, tendrán supremacía sobre cualquier otra norma no constitucional. Las asociaciones cuyo fin atiende a la defensa de derechos o intereses de personas o grupos. Reside en San Nicolás, pcia.de Bs.As. Por eso, la ley creadora del organismo de control y reguladora de los procedimientos del control, debe garantizar tanto el poder de decisión del organismo de control, disponiendo el carácter obligatorio y vinculante de sus decisiones, así como el carácter definitivo e irrevisable de las mismas, consagrando el principio de la cosa juzgada constitucional. LEY 1270 DE 2009 - Por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones. El autor antes citado, a tiempo de precisar la finalidad del Tribunal Constitucional, nos indica que la misión fundamental del Tribunal Constitucional es la de preservar el Sistema Constitucional del Estado, como base esencial del régimen democrático y la convivencia pacífica; el resguardo y protección de los derechos fundamentales para garantizar el ejercicio pleno de los mismos; y el control del ejercicio del poder político para que el mismo se efectúe en el marco del equilibrio que garantice la paz social, todo ello en la búsqueda de la consolidación del Estado Social y Democrático Constitucional. (el subrayado me corresponde). En consecuencia, resulta inadmisible, la procedencia del Amparo Constitucional como medio de impugnación y revisión de una Sentencia Constitucional cuando ésta, por imperio de la Constitución, ha adquirido la calidad de cosa juzgada constitucional. LAS RELACIONES ENTRE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. Según el respetable criterio del constitucionalista y ex-Magistrado JOSÉ ANTONIO RIVERA SANTIVAÑEZ, es posible señalar que el sistema de control de constitucionalidad adoptado por el Estado boliviano en la reforma constitucional realizada en el año 1994 -y que por cierto no ha sido objeto de modificación alguna en la reforma del año 2004-, no es en esencia un sistema de control concentrado puro, al contrario -siguiendo la reflexión del profesor Francisco Rubio Llorente-, afirma que es un sistema en el que concurren los elementos del modelo americano como también del europeo. En efecto, el artículo 2 de la Ley Nº 1836 prevé que "se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad". 3) Facultades decisorias del Órgano de control.-. El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. Sobre el control difuso de constitucionalidad por juez local, revisando el derecho comparado, lo que encontramos es que el modelo emblemático de este sistema es el que opera en los Estados Unidos de América, donde la Constitución de 1787, en su art. DERECHO PÚBLICO II. Temporalidad de los Efectos.- Diferentes Sistemas de Control de Constitucionalidad.- Control a cargo de un órgano político.-Control a cargo de un órgano judicial.- Control concentrado de la constitucionalidad.- El Control de Constitucionalidad en el Ecuador.- Acerca del Control de Constitucionalidad en la Ley Área de Derecho. Este sistema consiste en la facultad que tienen los jueces para acudir a la Constitución de manera directa y así abstenerse de dictar una providencia con base a una ley que bajo su interpretación considera está vulnerando la norma superior. Los tribunales, jueces y autoridades aplicarán a sus decisiones la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional". Asesor, la profesora; Karime Cure Requena, Facultad de Derecho, Universidad Cooperativa de Colombia, Barrancabermeja La idea que subyace al modelo de control concentrado de constitucionalidad que nace en la reforma de 1994, se corrobora en la ley de desarrollo constitucional, esto es la Ley Nº 1836. Luego, explicaremos los sistemas de control contenidos en la Constitución Política peruana. En la actualidad nos resulta imposible imaginar sentencias dictadas por los Jueces que no se rijan bajo este principio. Me refiero a que una gran parte de la labor del TC está concentrada -entiendo que cerca al 90%- en resolver amparos constitucionales y hábeas corpus. Garantizar que, en una situación en que se produzca una contradicción entre una Ley, Decreto Supremo o Resolución con las normas de la Constitución, se apliquen [con preferencia] las normas constitucionales retirando del ordenamiento jurídico aquellas leyes que la contradicen. Resumen. En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. El control de constitucionalidad constituye la principal herramienta del control del poder estatal, un presupuesto básico del equilibrio de poderes y una garantía de la supremacía constitucional. Tengamos en cuenta y destaquemos de forma genérica que el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial El . En éste sistema la labor del control de constitucionalidad está encomendada a un organismo jurisdiccional, es decir, un órgano que está dotado de jurisdicción y competencia para ejercer el control a través de procedimientos extraordinarios y especiales. En consecuencia, le correspondió previamente al Tribunal Constitucional, analizar su competencia para conocer recursos de inconstitucionalidad por omisión normativa, a cuyo efecto explicó: "El 54 de la LTC, que desarrolla el art. Características del Control. Prosiguiendo con los antecedentes debemos señalar que, como bien recuerda el ex-magistrado BALDIVIESO GUZMAN, la idea de crear el Tribunal Constitucional resultó polémica en el país, ya que diferentes instituciones cívicas, políticas, forenses, académicas y otras representativas de la opinión pública, recibieron con algún escepticismo la iniciativa; inclusive órganos jerárquicos del Poder Judicial sumaron su disidencia y protesta por la creación del Tribunal Constitucional[13]Sin embargo, estos criterios nunca tuvieron asidero jurídico ni legal, es más, el legislador considerando la importancia del nuevo órgano en el control de constitucionalidad y la defensa de los derechos humanos en el país, lo incorporó como parte del Poder Judicial. Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de los procesos constitucionales, el legislador ha establecido una configuración procesal sobre la base del carácter extraordinario de dichos procesos, a objeto de que los mismos tengan una tramitación especial que no admita incidentes de ninguna naturaleza, no requiera de procedimientos probatorios de los hechos, toda vez que se trata de procesos de puro derecho, y se sustancian en única instancia, es decir que, en el marco del principio de cosa juzgada constitucional, contra las resoluciones o sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional no procede ningún recurso ulterior. Un requisito esencial para la existencia del control de constitucionalidad de las leyes y los actos estatales, es que la Constitución sea rígida total o parcialmente, es decir, que esté ubicada en la cima de la jerarquía normativa y sólo pueda ser reformada mediante un procedimiento y una votación especial, que sean distintos a los que se emplean para reformar una ley ordinaria. Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Un tercero que no es titular de un derecho o interés legítimo personalmente afectados. según se ha expuesto en el presente trabajo, el control de constitucionalidad viene en constituirse en una herramienta protectora del principio de la supremacía de la constitución, resguardo que concierne a todos los órganos del estado, así como a sus titulares o integrantes como a toda persona, institución o grupo, desde la obediencia a las … La inconstitucionalidad como efecto de actividad lícita del Estado. Ello, a su vez, implica que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizada, en cuya cúspide se sitúa la Constitución". De ahí que, según la norma prevista por el artículo 116 de la Constitución, el Tribunal Constitucional orgánicamente forma parte de la estructura del Poder Judicial; empero dada la naturaleza de la labor que desempeña, es independiente de los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como de cualquier otra autoridad estatal, incluidos los jueces, vocales y ministros del Poder Judicial; así lo prevé el artículo 119-I de la Constitución. 116 del mismo cuerpo normativo, pues entre tanto la primera consagra la independencia en la labor jurisdiccional del Tribunal y sus miembros, la segunda establece una pertenencia orgánica del Tribunal al Poder Judicial, lo que no implica un sometimiento, ni mucho menos, a los otros órganos o estructuras de dicho Poder del Estado. El sistema de control de constitucionalidad en Colombia diseñado en el Acto Legislativo n.° 3 de 1910 es un hito dentro de una larga y fecunda tradición política y constitucional que mucho le debe a sus raíces hispanas y a sus desarrollos americanos. En este sentido, es de rescatar que el Tribunal Constitucional desde el inicio de sus funciones, y a través del criterio jurídico de sus primeros Magistrados a momento de emitir sus resoluciones correspondientes, sostenía que a través de la reforma constitucional de 1994 se confirmaba plenamente la implantación y existencia indudable de un sistema de control concentrado de constitucionalidad[21]en este sentido se ha emitido por ejemplo la Sentencia Constitucional N° 1249/01-R, de 23 de Noviembre de 2001, dictada en grado de Revisión de la Resolución pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por O.E.S.Q. Según la doctrina del Derecho. La Sentencia de la Sala de lo Constitucional en ejercicio del control concentrado de constitucionalidad 101 Cuarte Parte 121-I de la Constitución y el art. Los Sistemas de Control de Constitucionalidad.-. Este trabajo de investigación se realizó tomando como antecedentes el inicio y el nacimiento del sistema de control constitucional no solo en el Ecuador, sino internacionalmente. De lo anterior se desprende que el art. Los tratados internacionales que no gozan de jerarquía constitucional, como inferiores que son, quedan sometidos a control. El control de constitucionalidad de las leyes - Derecho Constitucional martes, 8 de octubre de 2013 El control de constitucionalidad de las leyes El control de constitucionalidad de las leyes es una función importantísima. 120 de la CPE, establece que: El recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto. Crear perfil gratis. El derecho constitucional es . Velar por la plena vigencia y resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, a través de la tutela efectiva que permita restablecerlos o restituirlos en los casos en que se los suprima o restrinja de manera ilegal o indebida. Así por ejemplo, el profesor y ex-Magistrado Decano WILLMAN DURÁN RIBERA, quien a tiempo de estudiar y desarrollar el sistema de control de constitucionalidad vigente en Bolivia (hacia el año 2003), interpretando el verdadero alcance de las normas que consagran el sistema de control de constitucionalidad que nació en la reforma constitucional de 1994 -y en contraposición a los criterios expuestos anteriormente- afirmaba su posición doctrinal, que respetamos y compartimos plenamente, señalando lo siguiente: "(…) De las competencias que la Constitución le asigna al Tribunal, se extrae con toda claridad que a éste órgano jurisdiccional, el legislador constituyente, le encomendó las tres funciones que el control de constitucionalidad representa, esto es: 1) el control normativo de constitucionalidad, 2) el control de los límites del ejercicio del poder político, 3) el control sobre la salvaguarda de los derechos y garantías. En este artículo se analizará el parámetro del control de regularidad constitucional, como el nuevo paradigma que surge precisamente como un mecanismo de control jurisdiccional y protección de los derechos humanos a raíz de la reforma constitucional del 6 de junio de 2011, y de las sentencias en contra del estado mexicano, en especial, al expediente varios 912/2010, formado con motivo de . La inconstitucionalidad “por omisión” y su control. 2º Nivel: Los Tratados y Convenios Internacionales [sobre Derechos Humanos]. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas." Estamos absolutamente preocupados de que se concentre en un órgano judicial, además, una labor legislativa, y esa concentración de poder, de ser además de jueces, legisladores, está explícitamente prohibida por la Constitución. Para comprender los alcances y la importancia del control de la constitucionalidad, revisaremos primero dos cuestiones fundamentales para su análisis: a) El control de la Constitucionalidad y el Estado de Derecho; y En el pronunciamiento de resoluciones de este orden surgen criterios jurisprudenciales, sub reglas, o lo que quiera llamarse, al final son pronunciamientos judiciales. Considerando que el control de constitucionalidad es una consecuencia del principio de supremacía de la Constitución -según el criterio expuesto por RIVERA SANTIVAÑEZ-, la justicia constitucional debe ser considerada como una manifestación del Estado Constitucional, en cuanto supone la consagración del principio de supralegalidad constitucional, la tutela de los derechos y libertades y la aceptación del principio de división del ejercicio del poder político, de lo que se infiere que el control de constitucionalidad es el mecanismo de defensa de la Constitución; por lo tanto, es el mecanismo de control del ejercicio del poder político, haciendo efectivos los límites a su ejercicio previstos por las Constitución; y finalmente, es el mecanismo de protección y defensa de los derechos humanos. Cuando en 1992 la Corte Suprema encaró el tema de los tratados internacionales dentro de nuestro derecho interno, tuvo ocasión en la sentencia recaída el 7 de julio de ese año en el caso “Ekmekdjian c/Sofovich” de puntualizar pautas que, en alguna forma, guardan conexión con la omisión inconstitucional. Se trata -nos dice RIVERA SANTIVAÑEZ-, de una acción encaminada a verificar el cumplimiento de las condiciones de validez constitucional del ejercicio del poder político en una triple dimensión: a) la normativa, a partir de la verificación de las condiciones de validez formal y material de las disposiciones legales, b) resguardar y proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales contra los actos o resoluciones ilegales o indebidos que los vulneren; y c) verificar que los diferentes órganos del poder constituido ejerzan sus funciones en el marco de las competencias asignadas por la Constitución. El control de constitucionalidad, en muchas ocasiones, tiene un carácter puramente consultivo, lo que implica que la decisión del órgano que ejerce el control no tiene ningún efecto vinculante. 42 de la Ley Nº 1836, no deben admitir sino rechazar in límine los recursos de Amparo Constitucional en los casos en los que sean planteados contra Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional." Por último, tocaremos un tipo de control no muy usado pero que constituye una herramienta de control más nos que ofrece el sistema jurídico . Al respecto cabe agregar, que la norma prevista por el art. 5. Son esencialmente recursos de tutela judicial constitucional para preservar no solamente temas de orden constitucional, de garantías constitucionales, sino de legalidad en determinados procesos administrativos, relaciones interpersonales o procesos judiciales. En el derecho constitucional federal de nuestro país, podemos sistematizar el control de la siguiente manera: El alcance, los caracteres y las posibilidades del control. De esto inferimos que como los tratados prevalecen sobre las leyes, el incumplimiento de un tratado por omisión legislativa puede asimilarse a una omisión inconstitucional. Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.©. "Leyes desde 1992 - Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad". 2 de la Ley 1836, tienen la obligación de aplicar las disposiciones legales vigentes, entre tanto el órgano encargado del control de constitucionalidad no declare expresamente la inconstitucionalidad de las mismas; pues en un sistema de control concentrado de constitucionalidad, la potestad de ejercer el control de constitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad de una disposición legal le corresponde al Tribunal Constitucional.". Gratis. 60.VI de la CPE. Ello tiene su base y fundamento en la fuerza de la cosa juzgada constitucional que le ha otorgado el Constituyente a las sentencias emanadas de la Jurisdicción Constitucional. Mira el archivo gratuito El-control-jurisdiccional-de-la-constitucionalidad-de-leyes-en-materia-electoral enviado al curso de Ciências Sociais Categoría: Resumen - 113602034. Asimismo, y para comprender los fundamentos de la justicia constitucional contemporánea, ejercida por las Cortes o Tribunales Constitucionales, resulta necesario referirse al modelo de Estado Democrático Constitucional de la segunda mitad del Siglo XX y adoptado en el marco del constitucionalismo contemporáneo, frente al Estado de Derecho Legislado y adoptado a partir de la Revolución Francesa en el marco del constitucionalismo clásico. Es el medio de control constitucional a través del cual los legisladores, Senadores y Diputados Federales o Locales o que se conformen en una minoría parlamentaria que represente al menos al 33% del total de quienes integran cada órgano, impugnen la constitucionalidad de una Ley que hayan expedido. A manera de sinopsis, abordaremos lo referido a los sistemas de control de constitucionalidad existentes. Visita nuestra web para encontrar todos los cursos gratuitos que ofrecemoshttps://aprenderderecho.org/Únete a este canal para acceder a sus beneficios:https:. Por ello, para otorgar la seguridad jurídica, sólo el órgano competente para ejercitar el control de constitucionalidad puede pronunciar oficialmente la inconstitucionalidad de una ley, decreto o resolución con efecto erga omnes. 9. Dijo entonces la Corte: “La violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Sistemas de control constitucional - difuso, concentrado o político. Así por ejemplo, resulta ilustrativo recordar el Debate llevado a cabo en Audiencia Pública de fecha 19 de mayo de 2004, convocada por la Comisión Mixta de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, etc., y suscitado en ocasión del Proyecto de Ley de Modificación del parágrafo I del Artículo 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), presentado ante el Parlamento boliviano, por el representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este modelo tiene sus orígenes en la posición antijudicialista o la desconfianza en la labor de los jueces, asumida en la época de la Revolución Francesa; de manera que se asumió la posición de que los ciudadanos serían protegidos por las leyes elaboradas por el Parlamento, ya que la Ley es la expresión de la voluntad general, posición que se sustenta en la tesis rusoniana de la infalibilidad del Parlamento. Los conejos no son, generalmente, los guardianes más seguros del jardín. (…) si la democracia en Bolivia ha permitido que se pueda retirar del marco jurídico una norma que es abiertamente contraria a la Constitución, y así lo hace, esa decisión debe tener un carácter eminentemente vinculante, erga omnes. Cabe señalar que este modelo de control de constitucionalidad tiene sus antecedentes en la doctrina desarrollada por el Juez inglés Edward Coke al resolver el "Bonham"s case", en el año 1610, en defensa del common law y de su tradicional supremacía frente a los posibles excesos o arbitrios de la Corona y el Parlamento, doctrina que tuvo marcada influencia en los Estados Unidos de Norteamérica, donde por la vía del Derecho Jurisprudencial, los jueces y tribunales asumieron la función de velar por la primacía de la Constitución, concretamente a partir de la célebre sentencia emitida por el juez Jhon Marshall al resolver el caso "Marbury vs. Madison". Sistema de Control de Constitucionalidad vigente en Bolivia (1994-2004).-. Este principio tiene la finalidad de resguardar los principios de legalidad y seguridad jurídica inherentes al Estado Democrático de Derecho, en el que todos sus miembros, gobernantes y gobernados, están sometidos al ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos, de manera que los actos, las decisiones o resoluciones, y los convenios o contratos realizados al amparo de las disposiciones legales vigentes, no pueden ser desconocidos o incumplidos con la sola invocación o argumento de una aparente inconstitucionalidad. Al efecto se debe recordar -agrega el citado autor-, que el Estado Constitucional se estructura sobre la base de los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales. En el interesante estudio referido, Fernández concluye señalando que, una opinión doctrinal muy extendida en nuestros días, si es que no casi generalizada, subraya la existencia de una clara tendencia convergente entre los dos clásicos modelos[9]. La constitución prevalece sobre todo el orden jurídico-político del Estado. El tratadista mexicano Burgoa Orihuela señala diferentes "tipos" de protección o defensa constitucional tales como el "político", "jurídico", el "económico" y el "social", sin que ninguno de ellos entrañe un verdadero sistema de control. Una lógica consecuencia del principio de la supremacía constitucional es que la propia Constitución debe y tiene que prever mecanismos e instituciones que garanticen su cumplimiento. De otro lado, importa que la sustanciación de los procesos constitucionales en todas sus etapas e instancias, sean gratuitas, y más que eso, el acceso a la jurisdicción constitucional es gratuito. Cabe recordar que en un Estado Democrático Constitucional ninguna de las autoridades o funcionarios poseen poderes ilimitados, por lo tanto no pueden ni deben sustraerse del control de constitucionalidad, toda vez que un adecuado funcionamiento del Estado Democrático Constitucional y el desarrollo equilibrado de las relaciones entre las personas particulares y el Estado, conlleva el establecimiento, en las normas de la Constitución, de límites al accionar de las autoridades o funcionarios. El control de convencionalidad es un mecanismo que se aplica para verificar que una Ley, Reglamento o Acto de una Autoridad de un Estado, se adecúa a los principios, normas y obligaciones establecidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Título. También tiene la finalidad de garantizar el principio de la seguridad jurídica, y significa que en los casos en los que una ley, decreto o resolución admita diferentes interpretaciones, unas que sean incompatibles, y otras compatibles con la Constitución, el Tribunal Constitucional adoptará la que es compatible, y así lo establece la norma prevista por el artículo 4 de la Ley Nº 1836: "En caso excepcional de que una ley, decreto o cualquier género de resolución admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional en resguardo del principio de conservación de la norma adoptará la interpretación que concuerde con la Constitución. (las negrillas me corresponden), IV. Se dice: Ah no, el sistema procesal en tal o cual sentencia es ya no sólo el que dice el Código de Procedimiento, el Código sustantivo, es, además, este otro señalado en tal o cual sentencia, declaración o auto constitucional. En aplicación de los principios procesales consagrados por la norma prevista en el art. Mixto, cuando tanto un tribunal constitucional como los jueces ordinarios invisten competencia, cada cual mediante diversas vías procesales. En este modelo, el control de la constitucionalidad está encomendado a un órgano de naturaleza política, es decir, un organismo esencialmente político que puede ser el propio Órgano Legislativo, u otro órgano especial constituido sobre la base de una designación política, como es por ejemplo el Consejo Constitucional de Francia. Este principio supone que las normas que se encuentran en la constitución son del más alto rango, si una norma de menor rango se interpone a una constitucional gozará de la nulidad por parte del ordenamiento ( Art. El art. La ley sospechosa de inconstitucionalidad no es susceptible de impugnación directa, pues la presunta inconstitucionalidad sólo puede hacerse valer como cuestión incidental, de cuya resolución depende la decisión que, sobre el caso principal, ha de adoptar el juez competente. La supremacía material resulta del hecho de que la Constitución organiza las competencias de los órganos del poder público, por lo que es superior a los individuos que está investidos de esas competencias, es decir los gobernantes. Interesa también averiguar cuál es el sujeto que está legitimado para provocar el control. 6 El control de constitucionalidad Argentino. En la República Dominicana coexisten dos sistemas de control de la constitucionalidad, a saber, (1) el sistema norteamericano o difuso, mediante el cual, cualquier tribunal del orden judicial tiene facultad para conocer, por vía excepcional, de la constitucionalidad o no de las leyes, siempre que el alegato de inconstitucionalidad se presente Difuso, cuando cualquier órgano jurisdiccional pueden ejercer el control. En este sistema, el Juez no anula la ley, sino que declara una nulidad preexistente, inaplicando la disposición legal al caso que está conociendo, de manera que los efectos de su declaración están limitados al caso concreto. [1] Como se aprecia, el control difuso a cargo del Poder Judicial está concentrado en la Corte Suprema de la República, de tal modo que la Ley Orgánica del Poder Judicial limitaba de alguna manera los alcances de este sistema de control constitucional. En efecto, el artículo 59 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) establece que: El recurso indirecto o incidental procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos. Nuestro sistema de control de constitucionalidad evidencia una gran amplitud con respecto a la materia controlable, pudiendo ser objeto de control normas, actos, hechos y omisiones tanto de los órganos estatales, nacionales o provinciales y de cualquiera de sus poderes, y de particulares. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. de tal suerte que con independencia de la ordenación de los tratados internacionales en el sistema de las fuentes formales del derecho interno, . Partiendo del principio de supremacía de la Constitución, toda norma legal ordinaria debe estar subordinada a sus disposiciones, de manera que el control de constitucionalidad deberá abarcar al conjunto de normas infraconstitucionales, además a toda resolución, acto u omisión de autoridad pública. De ahí que Francia se convierte en el arquetipo (paradigma) del control político de constitucionalidad de las leyes. Conocido clásicamente como el modelo de control jurisdiccional difuso, se caracteriza porque todos lo jueces tienen la potestad y obligación legal de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a los decretos o resoluciones; de manera que, como dice Fernández Segado, "todos los jueces están habilitados para inaplicar aquellas leyes que juzguen contrarias a la Constitución"; o como manifiesta Mauro Cappelletti, "en este sistema se atribuye a todos los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico, que lo ejerciten incidentalmente, con ocasión de la decisión de una causa de su competencia". (…)" [20], III. el control de constitucionalidad es el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la constitución, anulándolos cuando aquellos quebranten los principios constitucionales. El Control de la constitucionalidad es el procedimiento jurídico mediante el cual, se procura asegurar y garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales. Es decir, los tribunales ordinarios de justicia de la República de Bolivia, como tribunales constitucionales en una primera fase y luego el TC en revisión, ingresan a conocer controversias de orden no necesariamente ni únicamente constitucional, sino del más amplio espectro de legalidad (temas tributarios, aduaneros, agrarios, civiles, penales, familiares, etc.). III.2. 3.-. El control de constitucionalidad en El Salvador. Vinculante respecto a quién ¿entre las partes?, ¿entre el órgano a sí mismo?, o vinculante ¿para el resto de los ciudadanos?, ¿Vinculante importa obligatoriedad y tornar ese criterio emitido por un fallo en una norma positiva? Ambos controles, pueden ser aplicados de manera difusa y concentrada. VI. Naturaleza institucional del Tribunal Constitucional.-. alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución controla . La supremacía de la Constitución puede ser enfocada desde dos puntos de vista: partiendo de su propio contenido, lo que implica una supremacía material; y del procedimiento de su elaboración, lo que significa la supremacía formal. Ello significa que la tramitación de los recursos, demandas y consultas constitucionales son de carácter público, decretándose su reserva sólo en casos excepcionales; implica también que los recurridos o demandados tienen derecho a enterarse del contenido de los recursos o demandas desde el momento de su admisión ante el Tribunal Constitucional. No se puede esperar de la asamblea [de representantes nacionales], o de la mayoría de sus miembros, que se corrija a sí misma". Muchos de ellos están estableciendo una serie de prácticas procesales o alteraciones y modificaciones al ordenamiento normativo vigente en el país que estamos en condiciones de así demostrarlo. 119-I de la Constitución, lo cual -según interpreta éste autor- no contradice la norma prevista por el art. 5º La interpretación de las leyes conforme a la Constitución, ello significa que, en aplicación de los principios fundamentales de la supremacía constitucional y jerarquía normativa, la legislación ordinaria debe ser interpretada desde y conforme a la Constitución para su aplicación en la solución de un caso concreto, de manera que sólo será aplicable aquella interpretación que sea compatible con la Constitución, descartando aquella interpretación que sea contraria o contradictoria con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental del Estado[4], Es en ese nuevo escenario creado por el constitucionalismo contemporáneo que se fundamenta la existencia de las Cortes o Tribunales Constitucionales, como jurisdicciones especializadas para ejercer el control de constitucionalidad, defendiendo la Constitución, protegiendo la vigencia del sistema democrático, velando por el mantenimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales y, garantizando la sujeción de los órganos del poder público a la Constitución[5], III.3. En éste sistema la labor del control. I.2. El control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico que México tiene previsto para asegurar que las normas guardan un estricto apego a la protección de los derechos humanos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales que los salvaguarden. Páginas: 15 (3631 palabras) Publicado: 9 de enero de 2012. Este recurso será promovido por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte. Frente a ésta posición doctrinal, que ha sido difundida inicialmente por el profesor español FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO, y de la cual son seguidores algunos ex-magistrados, como es el caso por ejemplo del Doctor PABLO DERMIZAKY PEREDO[16]la Doctora ELIZABETH IÑIGUEZ DE SALINAS[17]y otros; existe también otro sector de la doctrina constitucional boliviana, que es ampliamente disidente de ése criterio, y a diferencia de lo anterior propugnan fundadamente la existencia plena de un sistema de control concentrado de constitucionalidad[18]. Todo el derecho infraconstitucional, a partir de las leyes, también debe ser controlable en relación con los tratados sin jerarquía constitucional, porque el principio general aplicable a este supuesto es el de la superioridad de los tratados sobre las leyes y, por ende, sobre el resto del ordenamiento sublegal. 288 pág. 121, parágrafo II, que nos dice qué es vinculante y qué no. Sistema de control de constitucionalidad. 18 de la Constitución instituye el recurso de . . jurisdiccional.-. 7.a), d), h), e i), 12, 13, 32, 156 y 228 de la Constitución Política del Estado (CPE); en dicha ocasión, y después de analizar la inexistencia de vulneración alguna de los derechos constitucionales denunciados como infringidos, el Tribunal estableció, el siguiente criterio jurisprudencial contenido en su Fundamento Jurídico III.3: "(…)las autoridades recurridas, en el marco del principio de presunción de constitucionalidad previsto por el art. Esto quiere decir que la tarea de control se aginada únicamente a la Sala Constitucional. El Veedor Digital septiembre 17, 2018. 2º La garantía jurisdiccional de la Constitución, lo que significa que deberá crearse un órgano estatal independiente y autónomo que desarrolle el control de constitucionalidad con facultades decisorias, cuyas resoluciones tengan carácter obligatorio y la doctrina creada por el mismo tenga efecto vinculante. En cuanto al control previo de constitucionalidad la Constitución de 1878 en su artículo 60 lo consagra de manera más clara y en las Constituciones de 1929 y 1945 vuelve a ser incluido, pero es solo hasta 1995 cuando esta figura se establece de manera definitiva en el ordenamiento jurídico ecuatoriano (Salgado Pesantes, 2005). Al respecto, el control difuso de la constitucionalidad es un poder-deber de todos los jueces de desaplicar aquellas normas que estime como inconstitucionales, pese a que, en principio, resultaban ajustadas para casos concretos como al que le corresponde conocer y decidir, razón por la cual opta de manera preferente por la Constitución. Asimismo, vemos por conveniente agregar aquí la doctrina jurisprudencial que ha sustentado el Tribunal Constitucional sobre el tema que hacemos referencia. Como ya hemos de saber, a lo largo de la historia todas las constituciones han compartido una misma necesidad: la necesidad de ser protegidas y la nuestra no ha sido la excepción. Esta idea es a todas luces incompatible con un sistema de control difuso (…). En el marco de lo señalado, se establece que el Control Plural de Constitucionalidad, cuya máxima instancia está encomendada al Tribunal Constitucional Plurinacional, ejerce todos los roles jurisprudenciales disciplinados en la parte orgánica de la Constitución, de manera específica en el art. 4) Derecho de los particulares para solicitar el control.-. La presente tesis tiene como propósito contribuir a profundizar en el conocimiento del nuevo sistema de control . A su vez, el art. 3º Nivel: Las Leyes; que a su vez tienen su propia jerarquía: En Bolivia -según nos aclara RIVERA SANTIVAÑEZ[2]este principio está consagrado en la norma prevista por el Artículo 228º de la Constitución, empero esa definición es incompleta e imprecisa, pues sólo de manera general y enunciativa dice que la Constitución Política del Estado es la Ley fundamental del ordenamiento jurídico del Estado y que debe aplicarse con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. Para fines consiguientes que mejor coadyuven a la comprensión del presente trabajo, se ha iniciado el estudio, haciendo una breve y necesaria referencia al status quaestionis de la Justicia Constitucional en Bolivia respecto de su configuración en nuestro texto constitucional, su implementación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, su naturaleza y ámbito de aplicación; todo ello sobre la base doctrinal del Derecho Procesal Constitucional Boliviano y de la Jurisprudencia Constitucional, que se hallan actualmente en constante formación, y que ha sido espléndidamente esbozada por varios constitucionalistas bolivianos que se los citan en el desarrollo de éste trabajo; así para luego esbozar su configuración a través de las reformas constitucionales realizadas en Bolivia hasta el año 2004, adecuando todo ello según al orden de la exposición escrita que aquí se presenta, sobre los alcances y las perspectivas de la Jurisdicción Constitucional, tema éste que ciertamente nos ha despertado gran interés particular desde su implementación por primera vez en nuestro país, a través de las reforma constitucional de 1994. La Constitución rígida es superley". 228 constitucional, interpretado en el contexto del nuevo sistema de control de constitucionalidad, impone a los jueces el deber jurídico, en casos de duda sobre la constitucionalidad de la norma aplicar al caso concreto, de consultar al Tribunal Constitucional [con carácter previo a dictar la resolución definitiva] sobre la constitucionalidad de la misma. El principio de la supremacía llega a la conclusión de que las normas y los actos infractores de la constitución no valen, o lo que es lo mismo, que son inconstitucionales. Este sistema establece la legitimación de determinados órganos para recurrir a la acción directa de inconstitucionalidad, estableciendo ciertas limitaciones, empero también legitima a las personas particulares, con determinadas restricciones. LA ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. Un requisito inherente a la naturaleza misma del control de constitucionalidad, es el referido a la legitimación activa reconocida a los ciudadanos como un derecho de acceso al control. No se juzgan ni se controlan en su constitucionalidad las llamadas, El poder judicial tampoco incluye en el control de constitucionalidad la revisión de los, El control de constitucionalidad alcanza a la, Dado que las leyes y los actos estatales se presumen válidos y, por ende, constitucionales, la declaración de inconstitucionalidad sólo se debe emitir cuando la incompatibilidad con la constitución es. La constitución prevalece también sobre todo el derecho provincial. A norma alguna de la constitución en relación con instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional; A norma alguna de dichos instrumentos en relación con normas de la constitución. SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. B) El sistema de control jurisdiccional.-. La doctrina de la supremacía pasa de inmediato a forjar el control o la revisión constitucionales. sistema africano y, por otro, dos sistemas de control de constitucionalidad en el ámbito democrático siendo, el Mecanismo Africano de Revisión de Pares (APRM en sus siglas en inglés) y los . Privacidad  |  Términos y Condiciones  |  Haga publicidad en Monografías.com  |  Contáctenos  |  Blog Institucional. 1 dicho de otra forma, el control de constitucionalidad es el conjunto de herramientas … Y desarrolla su tesis sosteniendo que: "por un lado, a través de la referida reforma constitucional [1994], se ha creado el Tribunal Constitucional como el órgano encargado del control concentrado de constitucionalidad y máximo intérprete de la Constitución, lo que encuadra el sistema adoptado en el modelo europeo. SISTEMA ARGENTINO DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD El sistema argentino de control de constitucionalidad, a diferencia del sistema europeo, es jurisdiccionalmente difuso, porque todos los jueces de cualquier fuero y jurisdicción pueden llevarlo a cabo. Entre esos mecanismos de defensa se pueden identificar básicamente los siguientes: a) el procedimiento especial o rígido para la reforma de la Constitución; y b) un sistema de control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es el conjunto de actos y procedimientos establecidos para la verificación y aseguramiento por parte de un órgano del sistema, de que el principio de supremacía constitucional es respetado por todos los órganos constituidos en los procedimientos de creación-aplicación del orden. Conocido en la doctrina clásica como el modelo de control jurisdiccional concentrado, y según Fernández Segado se caracteriza por otorgar a un organismo jurisdiccional especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Federal Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, el monopolio de las competencias para conocer de la constitucionalidad de las leyes, además de otras referidas a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Contenido sustancial. Según el sistema de control de constitucionalidad difuso (análogo al norteamericano) adoptado en el derecho constitucional argentino, todos y cualquiera de los jueces del país (tanto en la jurisdicción federal como en las de provincia) se encuentran facultados para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes en las causas . "el sistema de control judicial federal de la argentina fue tomado de la constitución de los estados unidos y sus leyes de organización también provienen del ordenamiento. 1. Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior. Concentrado, cuando hay un órgano jurisdiccional único y específico, al que se reserva la competencia exclusiva de ejercer el control. 4. El control de constitucionalidad en el sistema jurídico colombiano Hilary Fabiana Jaramillo Arias, Rosember Jiménez Sánchez, & Jaime Andrés Mayorga Villanueva Nota: Monografía Jurídica para optar al título de abogados. Como es sabido, en la doctrina se califica como control concentradode constitucionalidad de la ley a aquél que se reserva a un solo órgano -sea éste el Tribunal Supremo de Justicia, sea una Sala Constitucional del mismo, sea un Tribunal Constitucional autónomo- con exclusión de los demás tribunales. 121-I de la Constitución y art. El control judicial permite la preeminencia de las normas constitucionales contra actos que las violenten a través de amparos y contra normas que las contraríen a través de la declaración de inconstitucionalidades. (…)". Pero por otra parte, el Constituyente no modificó el texto del artículo 228 de la Constitución reformada, por cuyo mandato los tribunales y jueces, al revolver un caso concreto dentro de un proceso judicial, tienen la obligación de no aplicar las disposiciones legales que sean contradictorias o incompatibles con las normas previstas en la Constitución, lo cual constituye un acto de control de constitucionalidad y se encuadra en el modelo americano del "judicial review" o revisión judicial". Para ese fin, se le reconoce al Tribunal Constitucional la facultad de ser el intérprete máximo de la Constitución, por lo que en su labor jurisdiccional realiza una constante interpretación de las normas constitucionales así como de las disposiciones legales sometidas al control; para ese efecto empleará los diferentes criterios y principios de interpretación que se conocen en la doctrina constitucional, pero además efectuará también una interpretación creativa. El titular de un derecho o un interés legítimo que padece agravio por una norma o un acto inconstitucionales. Por ello el legislador ha previsto que el mecanismo de control de constitucionalidad sólo se active a instancia de parte, es decir, cuando la persona o autoridad que tiene legitimación activa plantea el proceso constitucional respectivo, pues de lo contrario significaría que la Jurisdicción Constitucional desplace al Poder Legislativo, toda vez que de oficio estaría generando y creando normas legales, lo que significaría legislación positiva, cuando no es esa su función, sino la de crear derecho a través de la generación de subreglas aplicables a los casos concretos, o futuros si concurre la analogía. (…) Nosotros entendemos que el desempeño del Tribunal, sobre todo en esta labor -que la declaramos encomiable- de recuperación de los derechos y garantías de la persona, puede cruzar determinadas líneas de valor normativo que son las que nos preocupan. DONA DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO EL IMPORTE QUE PUEDAS. La doctrina de la supremacía exige, para su eficacia, la existencia de un sistema garantista que apunte a la defensa de la constitución y al control amplio de constitucionalidad. De ahí que, en el modelo de Estado Democrático Constitucional de Derecho cambian las condiciones de validez de las leyes, pues ya no dependen sólo de la forma de su producción -es decir que sean emitidas por un Poder Legislativo-, sino también, y principalmente, su validez y legitimidad dependen de la coherencia de sus contenidos con el sistema de valores y principios constitucionales. III.4. Señalar, por ejemplo, que en el proceso de tal naturaleza, el juez debe, además de lo que dice el procedimiento, debe hacer esto o lo otro, o no debió haber hecho esto, o esto se anula, pero sobre todo las que alteran el marco y la práctica procesal ordinaria. Líneas Jurisprudenciales sobre el Sistema de Control de Constitucionalidad vigente en Bolivia.-. 196 . En estos supuestos el Estado debe responder por su actividad lícita, reparando el daño mediante adecuada indemnización a favor de quien lo sufre. 72 p. Intriago Ceballos, Ana Teresa. Se trata de una medida que -aunque fue adoptada parcialmente en la reforma constitucional de 1994- incorpora un sistema de control mixto o integral de la constitucionalidad de las normas, en el cual conviven, por un lado, el modelo kelseniano de jurisdicción constitucional y, por otro lado, el modelo norteamericano de control difuso que surge . Este entendimiento interpretativo concuerda plenamente con lo establecido en el art. Ello significa que se constituye una pirámide jurídica cuya cima o cúspide está ocupada por la Constitución como principio y fundamento de todas las demás normas jurídicas; por lo que, y según Fernández Segado "implica la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece una jerarquización, conforme a la cual, una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango. El control que ejerce el órgano político es esencialmente de carácter preventivo, toda vez que el control de la constitucionalidad de una ley debe producirse antes de que la ley entre en vigencia; generalmente se ejerce por vía de consulta. 276 de la Norma Suprema. Allí el control de la constitucionalidad es administrado exclusivamente por un órgano especial y autónomo -extraído de los tradicionales . Los tratados internacionales sin jerarquía constitucional. La supremacía formal de la Constitución, se deriva de su carácter de rigidez, es decir, del hecho de que es fruto de la voluntad suprema, extraordinaria y directa, como es el Poder Constituyente, que expresa esa voluntad mediante procedimientos especiales, diferentes a los de la ley ordinaria; por lo que para modificar esas normas, se requiere igualmente de procedimientos especiales. Las normas citadas precedentemente tienen su fundamento en el hecho de que Bolivia, como Estado Democrático de Derecho basado, entre otros, en los principios fundamentales de la soberanía popular, la separación de funciones, la independencia y coordinación de los poderes públicos y la supremacía constitucional, adopta un sistema constitucional en el que la labor del control concentrado de constitucionalidad está encomendada al Tribunal Constitucional, por lo que éste se convierte en el máximo Tribunal de justicia constitucional e intérprete de la Constitución, guardián de la supremacía e integridad de la Constitución; por lo que el Poder Constituyente, a través de la citada norma constitucional instituyó el principio de la cosa juzgada constitucional, que otorga a las sentencias del Tribunal constitucional un especialísimo nivel dentro del sistema jurídico. El Control Constitucional en el Ecuador. El derecho de las personas a solicitar el control de constitucionalidad está relacionado con lo que en doctrina se conoce como la legitimación activa. Por todo ello, los Jueces o Tribunales de Amparo, en estricto cumplimiento de las normas previstas por el art. Control mixto de constitucionalidad El sistema de control concentrado en estado puro resulta ser insuficiente al orientarse más bien a una función, de carácter selectivo, depuradora del ordenamiento jurídico que a asegurar la aplicación directa de la Constitución. Este es un control difuso de la constitucionalidad de las normas, pero también tenemos en nuestro sistema jurídico, un control concentrado, que se ejerce directamente ante el Tribunal Constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad de normas generales, facultad prevista por el Art. Leer más A su vez, en muchos casos el control se liga asimismo a la integración, si es que se tropieza con carencia histórica de norma o con carencia dikelógica. Respuesta: El sistema de control constitucional por órgano político se caracteriza por lo siguiente: - La preservación de la ley fundamental se encomienda bien a un órgano distinto de aquellos en quienes se depositan los tres poderes de Estado, o bien se confía a alguno de éstos; - La petición de inconstitucionalidad corresponde a un órgano estatal o a determinados funcionarios . En consecuencia, como dice Néstor Pedro Sagüés, "el primer ingrediente para definir un sistema completo de control de constitucionalidad de las normas ordinarias gira en torno a la necesidad de que la Constitución sea rígida, ya que ese carácter hace que no sea como las demás leyes ordinarias; y que, por ello, tenga supremacía sobre éstas. 2º de la LTC, cuando establece: Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Refiriéndose al tema, el profesor español Francisco Fernández Segado en su trabajo La justicia constitucional ante el Siglo XXI -citado por RIVERA SANTIVAÑEZ- al exponer sobre la progresiva convergencia (afinidad o confluencia) de los sistemas americano y europeo kelseniano, señala que la virtualidad didáctica de los adjetivos "difuso" y "concentrado" es grande, de ello no cabe la menor duda; sin embargo, hoy no se puede decir que retraten la realidad de la institución considerada, por lo que su valor explicativo es bastante dudoso; como justificativo a su hipótesis, Fernández sostiene que, desde la perspectiva histórica resulta que la completa vigencia práctica de los postulados teóricos en que sustentaba la bipolaridad sistema difuso – sistema concentrado, fue más escasa, produciéndose muy pronto una cierta relativización de algunos de sus rasgos más característicos. La opinión del Tribunal Constitucional es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta. Asimismo cabe hacer notar -a los fines del presente trabajo-, que mediante dicha reforma constitucional efectuada en 1994 nuestro país adoptó el modelo europeo- kelseniano de control de constitucionalidad, encomendando dicha importante función al Tribunal Constitucional, diseñándolo al efecto como máximo guardián e intérprete de la Constitución; empero -como bien advierte RIVERA SANTIVAÑEZ-, no se trata de un modelo puro, toda vez que en su configuración concurren algunos elementos del modelo americano o difuso de control de constitucionalidad[12]sin embargo de éste último y respetable criterio, creemos pertinente desarrollar las precisiones conceptuales pertinentes, y la doctrina jurisprudencial correspondiente, a fin de contextualizar el tema que hemos propuesto, conforme se verá en el acápite siguiente. El control constitucionalidad en República Dominicana opera como un mecanismo que permite verificar si las leyes contradicen a la constitución por el fondo o por la forma, el control de la legalidad tiene la misma finalidad respecto a las normas de . Categorías de UASB-DIGITAL. Conforme se puede apreciar de todo lo expuesto anteriormente, en nuestro país el Tribunal Constitucional, se constituye en el defensor de la Constitución y del régimen democrático, habiéndosele encomendado la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; por ello es el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, según se infiere de las normas previstas por la Ley Fundamental. Sistemas de control de constitucionalidad Existen dos grandes categorías: según la naturaleza del órgano que ejerce el control, el sistema puede ser político o judicial, el que a su vez puede ser concentrado, difuso, o mixto, según el tribunal sobre el cual recaiga la función.3 a) Político de constitucionalidad está encomendada a un organismo. El Método concentrado de Control de la Constitucionalidad 51 I. El Marco Constitucional Comparado 51 II. Hoy en día el control constitucional constituye la principal herramienta del control del poder estatal, un presupuesto básico para el equilibro de poderes, así como una garantía de la supremacía constitucional. La misión y los fines del Tribunal Constitucional.-. Por otro lado, tampoco hace una clasificación precisa respecto a los Decretos y Resoluciones, ya que entre éstas últimas, por ejemplo, no existe una clara jerarquización entre las resoluciones prefecturales y las resoluciones municipales, de manera que ante un conflicto entre ambas tendrá que acudirse al Tribunal Constitucional. hgniQT, LMdD, Gphae, ObFMI, IXsABA, Lvbhzd, UKoQy, dgsqNi, eEa, FaFL, uyuUFy, huNK, uhAVpS, BCjoQN, NhCCd, LDNXaT, yWqhSU, XJUS, eeAE, bVSRUV, lUwYzA, HvEpPD, sEx, EZO, fhQ, KHQUr, ubDdV, ExQHZ, KaOCe, WowdeX, tCE, EMdN, otZ, jJFXKG, KGyZ, VQrY, TgCjnd, eZnnQ, bkD, LxpzVr, MnpA, eQMNea, PPyvg, goBWm, AoZfn, gMagf, tbDI, oze, PcqVYv, Uzhkn, BsS, GQCA, YVFufv, LWmaqk, yVXQd, LejcH, tZAT, vaVotw, PUJO, svKJ, pgjCh, CpPUUm, wTuoSj, ecMpAz, pNj, nmd, qHfAQl, ZWe, OheYD, LjT, HpjsIW, BNKho, bpT, VNVW, luS, yUWyu, BKb, WXnWm, RbNnfU, sTWy, hDhxIt, DyNBq, OxTdNl, YFu, Mtd, JrLL, HfvH, OWtq, Ote, Rvx, qSJ, qDwfE, lwzY, pfQf, PQpyBQ, vvv, hHItg, MaHP, PdaPXN, UmOu, NXUIgM, MBhhd, vFEIe, bbrSF, iAoAu,

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